Liberaron al dirigente político involucrado en la supuesta venta de vacunas

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El juez de la ciudad de Esquina, Gustavo Vallejos otorgó la libertad a un dirigente político que está investigado por haber intervenido en una supuesta maniobra de comercialización de vacunas contra el coronavirus, en esa ciudad.

En la misma resolución el magistrado dispuso que Guillermo Barrios, un enfermero, y la encargada de la distribución de las dosis, Sara Gutiérrez, continúen detenidos por diez días, mientras que el fiscal Gustavo Javier Mosquera continúa con la investigación.

Los que interpretó el magistrado es que no existía peligro de fuga, por lo que Marcelo Mayora, un ex concejal de Esquina por Cambiemos seguirá relacionado a la causa, pero en libertad debido a que no existía peligro de entorpecer la causa o de fugarse.

Las disposiciones del juez fueron establecidas este domingo 9 en horas de la noche tras una audiencia realizada en la sede del Juzgado de Garantías de esa ciudad del Sur correntino.

En el marco de las investigaciones, el titular del Ministerio Público Fiscal avanzará con peritajes a los teléfonos celulares de los involucrados y podría solicitar el análisis de los registros de vacunación del hospital de Esquina.

“Está en investigación un hecho, pero lo que se investiga es si hay más casos de presunta compra de vacunas”, explicó una fuente cercana a la investigación.

Los tres están sospechados de haber cobrado entre $7.000 y $15.000 las dosis a personas que incumplían las condiciones para acceder a ellas. Es por ello que se los acusó de los delitos de cohecho y fraude a la administración pública.

El caso fue denunciado a la Justicia por el director del hospital de Esquina, Leandro Ramírez. El médico había sido anoticiado por Marcelo Mayora que había comprado las vacunas y éste le habría reenviado las conversaciones con los enfermeros involucrados.

En estas charlas los trabajadores del hospital habrían ofrecido la vacuna Sputnik V a $9.000 y la sinopharm a $8.000, pero trascendió extraoficialmente que también se había solicitado hasta $15.000.

Es así que el jueves el directivo comunicó la situación al fiscal en turno, Gustavo Javier Mosquera quien solicitó la detención de las tres personas involucradas y el allanamiento a sus viviendas, de donde incautaron teléfonos celulares y elementos útiles para la investigación, lo que ocurrió el viernes.

El domingo, el juez de garantías Gustavo Vallejos convocó a la audiencia de imputación en la que el fiscal pidió la imputación por los delitos de cohecho y defraudación del Estado, al tiempo que solicitó la detención de los tres al entender que podría existir peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Los abogados, por su parte, defensores solicitaron la libertad de los involucrados, pero el magistrado entendió que Mayora, podría seguir en libertad, mientras que los empleados estatales deberán continuar en prisión preventiva por diez días.

En las próximas horas podrían existir nuevas medidas y es posible que se allane el hospital.

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